Hace solo unos días, un juez archivó cuatro casos de delitos fiscales de los que se acusaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, porque habían prescripto.
El político explicó que el juzgado y la fiscalía no habían hecho sus deberes y dejaron pasar el tiempo.
Hacienda somos todos, o eso dicen, así que si el sistema permitió que el tiempo pasara y un presunto delito no pudiera juzgarse, algo debería hacerse para preservar el interés general.
Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido que para proteger ese interés general y evitar pérdidas de tiempo se cree una comisión que decida que hacer en estos casos, porque una medida como esa iría contra los derechos de los ciudadanos.
Pero la ley Sinde pretende que cuando lo que presuntamente puede peligrar sea el interés de la llamada industria cultural, una comisión evite las pérdidas de tiempo y actúe contra los presuntos acusados cerrando sus webs y pisoteando sus derechos.
¿Pensarán sus autores que el interés de la industria cultural es más importante que el interés general?
¡Feliz 2011 sin ley Sinde ni nada que se le parezca!
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